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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo al otorga…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo al otorgamiento del derecho a defensa judicial a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos involucrados en una causa penal. El organismo concluyó que dicho beneficio procede cuando una investigación previa determina que los funcionarios actuaron en el ejercicio de sus labores y facultades legales, como ocurrió en este caso, donde el servicio recabó antecedentes y opiniones fundadas de las jefaturas para sustentar una resolución motivada. No obstante, precisó que no le compete verificar el respaldo de esos antecedentes, por estar vinculados a figuras penales conocidas por el Juzgado de Garantía. Finalmente, resolvió que si una sentencia firme y ejecutoriada establece responsabilidad penal de los funcionarios, el servicio deberá requerir la devolución de los montos pagados por dicha asistencia legal, por afectar la probidad administrativa y el buen uso de los recursos públicos.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/90 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede otorgar defensa judicial a funcionarios públicos involucrados en una causa penal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí procede, porque una investigación previa determinó que los funcionarios actuaron en el ejercicio de sus labores y facultades legales, con antecedentes y opiniones fundadas de sus jefaturas.

¿Debe la Contraloría verificar el respaldo de los antecedentes que sustentan el beneficio de defensa judicial en causas penales?

En este caso, el organismo precisó que no le compete verificar ese respaldo, por estar vinculado a figuras penales que conoce el Juzgado de Garantía.

¿Qué ocurre con la defensa judicial pagada si los funcionarios son condenados penalmente por sentencia firme?

En este caso, la Contraloría resolvió que el servicio deberá requerir la devolución de los montos pagados por la asistencia legal, por afectar la probidad administrativa y el buen uso de los recursos públicos.

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