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La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 90.370 de 2016, que se refería al no financiamiento de gastos en que incurre un funcionario citado como testigo en un proceso judicial. El órgano contralor concluyó que no hay cambio de criterio y que los gastos de comparecencia solo son solventados por el organismo público cuando la asistencia a declarar es causa directa del ejercicio del cargo público, debiendo dictarse un acto administrativo fundado para ello. Asimismo, precisó que las actividades gremiales de las asociaciones de funcionarios, amparadas por la ley N° 19.296, no constituyen actos de servicio, y que el artículo 52 de la ley N° 19.880 sobre irretroactividad no resulta aplicable. Finalmente, aclaró y complementó los dictámenes N°s 15.489 de 2009 y 90.370 de 2016.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/98 lt/e
  • Ley 18834 art/78
  • Ley 19880 art/52
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿El Estado debe financiar los gastos de un funcionario público citado como testigo en un juicio?

En este dictamen, la Contraloría General de la República sostuvo que los gastos de comparecencia solo son solventados por el organismo público cuando la asistencia a declarar es causa directa del ejercicio del cargo público, y que debe dictarse un acto administrativo fundado para ello. Desestimó la reconsideración del dictamen N° 90.370 de 2016, sin cambiar su criterio.

¿Las actividades gremiales de una asociación de funcionarios se consideran actos de servicio?

No. En este caso, la Contraloría precisó que las actividades gremiales de las asociaciones de funcionarios, amparadas por la ley N° 19.296, no constituyen actos de servicio.

¿Se aplica la irretroactividad del artículo 52 de la Ley 19.880 en este tipo de resoluciones administrativas?

En este dictamen, la Contraloría concluyó que el artículo 52 de la ley N° 19.880, sobre irretroactividad, no resulta aplicable al caso. Además, aclaró y complementó los dictámenes N°s 15.489 de 2009 y 90.370 de 2016.

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