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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria que cuestionó el término de una encomendación de funciones y una destinación, así como un supuesto acoso laboral. El organismo determinó que la autoridad se encuentra facultada para poner fin a una encomendación de funciones en cualquier momento, por tratarse de una medida de buena administración y no de un derecho incorporado al patrimonio del empleado. Respecto de la destinación, concluyó que cumplió con los requisitos del artículo 73 de la ley N° 18.834, al ser ordenada por la superioridad para que la funcionaria realizara tareas propias de su cargo dentro de la misma institución, por lo que rechazó el reclamo. No obstante, ordenó a la autoridad instruir un proceso sumarial para investigar el supuesto acoso laboral denunciado, debiendo informar a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría en un plazo de 15 días.

Normas citadas

  • ley 18834 art/73
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una autoridad poner fin a una encomendación de funciones en cualquier momento en la administración pública chilena?

Según este dictamen, sí. La Contraloría General de la República sostuvo que la autoridad está facultada para poner fin a una encomendación de funciones en cualquier momento, porque es una medida de buena administración y no un derecho incorporado al patrimonio del empleado.

¿Cuándo una destinación de un funcionario público cumple con el artículo 73 de la ley 18.834?

En este caso, la Contraloría concluyó que la destinación cumplió con el artículo 73 de la ley N° 18.834, porque fue ordenada por la superioridad para realizar tareas propias del cargo dentro de la misma institución. Por ello rechazó el reclamo sobre la destinación.

¿Qué debe hacer un organismo público si se denuncia acoso laboral y la Contraloría lo ordena?

En este caso, la Contraloría ordenó a la autoridad instruir un proceso sumarial para investigar el supuesto acoso laboral denunciado. Además, debía informar a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría en un plazo de 15 días.

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