La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección inter…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección interpuesto por un recurrente contra una autoridad administrativa, por la tardanza de más de seis meses en responder su solicitud. El tribunal consideró que esta acción constitucional no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso, pues la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, en sus modalidades positiva y negativa, como mecanismo para hacer efectivo el principio de celeridad. Además, acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, al priorizar indebidamente las pretensiones de algunos administrados. En consecuencia, no se configuró una omisión ilegal o arbitraria que afectara las garantías invocadas.
Normas citadas
Art. 27 Ley N°19.880
Arts. 64 y 65 Ley N°19.880
Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
Art. 20 Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre recurso de protección
¿Procede el recurso de protección si la administración tarda más de seis meses en responder una solicitud?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el recurso de protección no sirve para acelerar un procedimiento administrativo en curso, porque la Ley N°19.880 prevé el silencio administrativo como mecanismo para hacer efectivo el principio de celeridad. Por eso rechazó el recurso.
¿Constituye una omisión ilegal o arbitraria la demora de una autoridad administrativa en resolver una petición?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no existió una omisión ilegal o arbitraria que afectara las garantías invocadas. Consideró que la demora se regía por el régimen de la Ley N°19.880 y que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley.
¿Puede un tribunal ordenar priorizar la tramitación de una solicitud administrativa frente a otras pendientes?
En este caso, la Corte Suprema estimó que acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, al priorizar indebidamente las pretensiones de algunos administrados. Por ello no accedió a adelantar la tramitación de la solicitud del recurrente.
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