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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad. El requirente argumentaba que dicha norma vulneraba los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo, al excluir de beneficios penitenciarios a ciertos delitos de menor gravedad, afectando la reinserción social. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no correspondía pronunciarse sobre el fondo, pues no se acreditó una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal. Se destacó que la aplicación de la ley penal más favorable corresponde al juez de fondo, y que solo ante un desconocimiento evidente de dicha garantía procedería la acción constitucional.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 19, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso quinto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso noveno, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A Obtener Una Resolucion Fundada

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional la norma que excluye de las penas sustitutivas de la Ley 18.216 a ciertos delitos de menor gravedad?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra esa norma. Concluyó que no correspondía pronunciarse sobre el fondo, pues no se acreditó una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la aplicación de la ley penal más favorable en un caso concreto?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la aplicación de la ley penal más favorable corresponde al juez de fondo. La acción constitucional solo procedería ante un desconocimiento evidente de esa garantía.

¿Qué debe acreditarse para que proceda un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por vulneración del principio de legalidad penal?

En este caso, el Tribunal exigió acreditar una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal. Como no se demostró, rechazó el requerimiento sin entrar al análisis de igualdad, proporcionalidad y reinserción social.

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