Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 777, de 2011, del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a un funcionario del mismo instituto, tras una investigación sumaria. El organismo concluyó que el proceso omitió trámites esenciales previstos en la ley N° 18.834: la investigadora no citó a declarar al funcionario (artículo 131), no formuló cargos al término de la indagación (inciso tercero del artículo 126 y artículo 140), y no emitió la vista o informe ni la proposición de resolución, ni la notificación previa de esta (incisos quinto y séptimo del artículo 126). Por ello, estimó que no se cumplieron los trámites correspondientes y que la omisión afectaba el derecho a un debido proceso, por lo que no correspondía dar curso al acto administrativo.