Resumen
La Contraloría General de la República representó la Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a un ex funcionario, por considerar que el proceso sumarial que la sustenta no se ajustó a derecho. El organismo constató que, aunque el sumariado había fijado un domicilio en la comuna donde funcionaba la fiscalía instructora, las notificaciones de los cargos se intentaron en otra dirección, obtenida de una licencia médica, y se remitieron allí sin que existiera una actuación posterior que permitiera tenerlo por notificado tácitamente, lo que afectó su derecho a defensa conforme al Estatuto Administrativo y a la Ley 19.880. Además, observó que no se había dictado ni notificado la resolución exenta que aplica la medida, lo que impide ejercer el recurso de reposición. Por ello, ordenó reabrir el proceso sumarial y dar cumplimiento a lo observado.