Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una docente municipal que pretendía acceder al bono post-laboral de la ley N° 20.305. El organismo recordó que, según su jurisprudencia previa, los servidores tienen un plazo único de 12 meses, contado desde el cumplimiento de la edad exigida, para solicitar el bono y cesar en sus funciones, requisitos copulativos que la ley no permite eximir. Concluyó que la espera del pago de otra bonificación, la prevista en la ley N° 20.501, no constituye fuerza mayor ni caso fortuito, sino una decisión personal. Como la recurrente cesó después del plazo legal, se determinó que no tiene derecho al beneficio.