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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de la declaració…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de la declaración de desierto de un concurso para proveer un cargo a contrata en el Instituto de Seguridad Laboral y la posterior designación directa de una persona en esa plaza. El organismo concluyó que la declaración de desierto se ajustó a las bases del certamen, que expresamente lo permitían. Respecto al nombramiento posterior, señaló que los cargos a contrata son de libre designación de la autoridad, por lo que no se requiere un concurso previo. Agregó que la autoridad no estaba impedida de nombrar a un postulante del concurso fallido, especialmente considerando que el proceso fue realizado por una empresa externa que cometió errores en la evaluación. No obstante, instruyó al servicio a examinar con mayor prolijidad futuros certámenes para resguardar la eficiente administración de fondos públicos.

Normas citadas

  • ley 19269 art/27
  • ley 18575 art/16
  • ley 18575 art/44
  • ley 18834 Tit/II par/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Es legal declarar desierto un concurso público para un cargo a contrata y designar luego directamente a alguien en esa plaza?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la declaración de desierto se ajustó a las bases del concurso, que expresamente la permitían. Señaló que los cargos a contrata son de libre designación de la autoridad, por lo que no se exige un concurso previo para el nombramiento posterior.

¿Puede la autoridad nombrar a un postulante de un concurso declarado desierto?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la autoridad no estaba impedida de nombrar a un postulante del concurso fallido. Consideró especialmente que el proceso lo realizó una empresa externa que cometió errores en la evaluación.

¿Qué debe hacer un servicio público tras un concurso fallido con errores de una empresa externa?

En este caso, la Contraloría no objetó la designación, pero instruyó al servicio a examinar con mayor prolijidad los futuros certámenes. Lo hizo para resguardar la eficiente administración de los fondos públicos.

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