El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relacionado con la exclusión de penas sustitutivas para delitos de la Ley de Control de Armas. La mayoría sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que su aplicación depende de requisitos legales, siendo una facultad del legislador y no un derecho subjetivo del condenado. Se consideró legítima la exclusión para ciertos delitos, por responder a objetivos razonables como la seguridad pública, sin vulnerar la igualdad ni la proporcionalidad. No obstante, la parte final del fallo enfatiza que, tras la Ley N° 20.603, las penas alternativas son la regla general y el presidio efectivo la última ratio, por lo que su exclusión debe examinarse con deferencia razonada al legislador, pero sin desconocer la función resocializadora de la pena y la dignidad humana.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17 B, de Ley N° 17.365
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 66, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 67, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 68, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 3, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas de la Ley 18.216 se aplican automáticamente a cualquier condenado que cumpla los requisitos generales?
Según este fallo del Tribunal Constitucional, no operan de forma automática: su aplicación depende de requisitos legales y es una facultad del legislador, no un derecho subjetivo del condenado. Así lo sostuvo la mayoría al resolver el requerimiento.
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