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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2009

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarándolo inadmisible por carecer de fundamento plausible. El conflicto planteado no implicaba una cuestión de constitucionalidad, sino un asunto de competencia de los jueces ordinarios: la determinación del ordenamiento jurídico aplicable a una demanda de impugnación de paternidad. El requirente alegaba que el artículo 212 del Código Civil no cubría el caso y solicitaba una solución de equidad, lo que evidenciaba la ausencia de un conflicto constitucional. El Tribunal aplicó el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado y lo dispuesto en el artículo 7 inciso segundo de la Constitución. La decisión se adoptó con el voto en contra de dos ministros, quienes estimaban que el requerimiento sí cumplía con los presupuestos constitucionales.

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Preguntas frecuentes

¿Procede el requerimiento de inaplicabilidad si el conflicto es solo sobre qué norma aplicar a una impugnación de paternidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento porque el problema era determinar el ordenamiento jurídico aplicable, lo que corresponde a los jueces ordinarios y no implica una cuestión de constitucionalidad. Además, el requirente pedía una solución de equidad, lo que evidenciaba que no había un conflicto constitucional.

¿Puede el Tribunal Constitucional acoger una inaplicabilidad si el requirente alega que una norma no cubre su caso?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la alegación de que el artículo 212 del Código Civil no cubría la situación no bastaba para abrir una cuestión constitucional, y rechazó el requerimiento aplicando el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado y el artículo 7 inciso segundo de la Constitución. Dos ministros disintieron, estimando que sí se cumplían los presupuestos constitucionales.

¿Qué implica el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado en un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional lo invocó para declarar inadmisible un requerimiento que no tenía fundamento plausible, al considerar que la controversia correspondía a los jueces ordinarios. La decisión se tomó con dos votos en contra.

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