El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la empresa ENEL Distribución Chile S.A. respecto de determinados preceptos de la Ley N° 21.249, dictada durante la pandemia de COVID-19. La mayoría sostuvo que la acción tiene por objeto verificar si la aplicación de un precepto legal en una gestión judicial concreta resulta contraria a la Constitución, y que en el caso no se acreditó una vulneración de derechos fundamentales. Estimó que la normativa constituía una carga pública razonable y proporcional, que no eliminaba el derecho de la empresa a cobrar las tarifas adeudadas ni a cortar el suministro una vez terminada su vigencia, y que la acción no es la vía para determinar perjuicios patrimoniales ni responsabilidad estatal. Además, consideró que las normas ya habían dejado de producir efectos. El fallo resolvió acoger parcialmente el requerimiento.
Normas citadas
artículo 1, inciso primero, letra a), de Decreto con Fuerza de Ley N° 292
artículo 8, de Decreto con Fuerza de Ley N° 292
artículo 141, de Ley General de Servicios Eléctricos
artículo 225, letra q), de Decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armasIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede una empresa distribuidora de electricidad pedir inaplicabilidad de la Ley N° 21.249 por restringir el corte de suministro durante la pandemia?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la acción busca verificar si la aplicación de un precepto en una gestión judicial concreta es contraria a la Constitución, y no acreditó una vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, el requerimiento fue acogido solo parcialmente.
¿La restricción al corte de suministro eléctrico durante la pandemia constituye una carga pública desproporcionada para las empresas?
En este caso, el Tribunal estimó que la normativa constituía una carga pública razonable y proporcional. Consideró que no eliminaba el derecho de la empresa a cobrar las tarifas adeudadas ni a cortar el suministro una vez terminada su vigencia.
¿Se puede reclamar indemnización por perjuicios patrimoniales mediante una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la acción de inaplicabilidad no es la vía para determinar perjuicios patrimoniales ni responsabilidad estatal. Además, declaró que las normas impugnadas ya habían dejado de producir efectos.
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