El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 50…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 50 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al considerar que no se cumplían los presupuestos constitucionales para su procedencia. El fallo sostuvo que el requerimiento no se dirigió contra las normas efectivamente aplicables al procedimiento administrativo de la concesión eléctrica, como el Decreto Supremo Nº 327 del Ministerio de Minería, y que la acción de protección se basaba en una solicitud de concesión aún en trámite, sin que existiera un acto administrativo definitivo que generara derechos. Además, los propios requirentes reconocieron que la servidumbre de inundación no estaba contemplada en el precepto impugnado, lo que impedía su aplicación decisiva en la gestión pendiente. El Tribunal también señaló que la legislación eléctrica prevé mecanismos de compensación para los propietarios afectados, evitando un enriquecimiento sin causa, aunque este punto no fue decisivo. En consecuencia, se rechazó el requerimiento por falta de impugnación de las normas sustantivas y procedimentales aplicables y por la ausencia de un acto administrativo definitivo.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerechos ImplicitosJusticia ElectoralPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Puede interponerse una acción de protección contra una concesión eléctrica que aún está en trámite?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la acción de protección se basaba en una solicitud de concesión todavía en trámite, sin un acto administrativo definitivo que generara derechos. Por eso, la ausencia de ese acto fue uno de los fundamentos del rechazo.
¿Qué ocurre si la norma impugnada no contempla la servidumbre de inundación que se reclama en una gestión pendiente?
En este caso, los requirentes reconocieron que la servidumbre de inundación no estaba contemplada en el precepto impugnado, lo que impidió que este fuera aplicado de forma decisiva en la gestión pendiente. El Tribunal también señaló que la ley prevé compensaciones para los propietarios afectados, aunque ese punto no fue decisivo.
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