El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por una inmobiliaria contra el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, que mantiene vigentes declaratorias de utilidad pública sobre terrenos de su propiedad. La recurrente alegaba vulneración de su derecho de propiedad y de su derecho a desarrollar una actividad económica lícita. La mayoría del Tribunal rechazó el requerimiento, fundando su decisión en que el derecho de propiedad está sujeto a su función social, en que la norma impugnada establece un régimen general y no discriminatorio aplicable a todos los propietarios afectados, y en que la regulación urbanística no impide de manera irrazonable el giro de la empresa. El fallo sostiene que la afectación responde al interés general definido por el legislador, que puede renovar o modificar estas declaratorias.
Normas citadas
artículo 59, de Ley General de Urbanismo y Construcciones
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAprehensión De Fiscales JudicialesAutoresDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Una ley que mantiene vigentes declaratorias de utilidad pública sobre terrenos privados vulnera el derecho de propiedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Sostuvo que el derecho de propiedad está sujeto a su función social, que la norma aplica un régimen general y no discriminatorio a todos los propietarios afectados, y que la afectación responde al interés general definido por el legislador.
¿Una regulación urbanística puede impedir el desarrollo de una actividad económica lícita de una inmobiliaria?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la regulación urbanística no impide de manera irrazonable el giro de la empresa, por lo que no vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
¿Puede el legislador renovar o modificar declaratorias de utilidad pública que siguen vigentes sobre terrenos de particulares?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador puede renovar o modificar estas declaratorias, ya que la afectación responde al interés general que él mismo define.
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