El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 50 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el marco de una acción de protección relacionada con una concesión eléctrica. El requirente sostenía que dicha norma vulneraba derechos constitucionales al permitir la imposición de servidumbres. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el artículo 50 no resultaba decisivo para resolver la gestión pendiente, ya que la controversia se refería a una solicitud de concesión y no a un acto administrativo definitivo. Además, se señaló que el requirente no impugnó las normas del Decreto N° 327 del Ministerio de Minería que regulan el procedimiento administrativo aplicable, ni cuestionó el artículo 49 de la misma ley, que trata propiamente de las servidumbres. Como obiter dicta, la mayoría destacó que la acción de protección reconocía que la ley no autoriza la servidumbre de inundación solicitada, y que el sistema de servidumbres eléctricas constituye una limitación al dominio, no una expropiación, con indemnizaciones previstas. Por lo tanto, el requerimiento fue rechazado.
Normas citadas
artículo 50, de Ley General de Servicios Eléctricos
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armasReinserción socialpenas sustitutivasDeterminación de la penaIgualdad ante la Ley
Preguntas frecuentes
¿Constituye una expropiación la imposición de servidumbres eléctricas según la Constitución chilena?
Según esta sentencia, la mayoría del Tribunal Constitucional sostuvo, como obiter dicta, que el sistema de servidumbres eléctricas es una limitación al dominio y no una expropiación, y que prevé indemnizaciones. No constituye una decisión sobre la materia, sino un argumento accesorio del fallo.
¿Puede imponerse una servidumbre de inundación para una concesión eléctrica si la ley no la autoriza?
En este caso, el Tribunal Constitucional destacó, como obiter dicta, que la propia acción de protección reconocía que la ley no autoriza la servidumbre de inundación solicitada. Esta observación no fue el fundamento del rechazo del requerimiento.
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