La Contraloría General de la República reconsideró un oficio regional y determinó que l…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró un oficio regional y determinó que la autoridad administrativa no está legalmente obligada a convocar a concurso público para proveer cargos a contrata ni para realizar contrataciones a honorarios, pues dichos empleos son de libre designación conforme al artículo 17 de la ley N° 18.834. Aunque la autoridad puede fijar voluntariamente un procedimiento de selección, ello no limita su potestad legal de designar directamente, por lo que la omisión del certamen no constituye infracción estatutaria ni disciplinaria.
Normas citadas
ley 18834 art/17
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Está obligada la administración a convocar concurso público para proveer cargos a contrata o contratar a honorarios en el sector público chileno?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que la autoridad administrativa no está legalmente obligada a convocar concurso público para proveer cargos a contrata ni para contratar a honorarios, porque esos empleos son de libre designación conforme al artículo 17 de la ley N° 18.834.
¿Constituye infracción estatutaria o disciplinaria no realizar un concurso antes de designar a un funcionario a contrata?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la omisión del concurso no constituye infracción estatutaria ni disciplinaria, ya que la autoridad conserva la potestad legal de designar directamente, aunque pueda fijar voluntariamente un procedimiento de selección.
¿Obliga a la autoridad un procedimiento de selección que ella misma haya establecido voluntariamente?
En este caso, la Contraloría señaló que la autoridad puede fijar voluntariamente un procedimiento de selección, pero ello no limita su potestad legal de designar directamente, por lo que la omisión del certamen no vulnera la normativa.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.