La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de una designaci…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de una designación a contrata y la exigencia de requisitos académicos para un cargo en el escalafón técnico de un servicio público. Se determinó que la autoridad debe respetar los requisitos específicos establecidos por la ley para cada empleo, y que en el caso analizado, la persona seleccionada no cumplía con la preparación exigida (título técnico o semestres aprobados), por lo que la resolución que dejó sin efecto su selección fue ajustada a derecho. Además, se señaló que para las designaciones a contrata no es obligatorio realizar un concurso público, a diferencia de los cargos titulares, por lo que la contratación del otro funcionario fue procedente. En consecuencia, se reconsideró el oficio regional que había objetado dichas actuaciones.
Normas citadas
ley 18834 art/12 lt/d
ley 19179 art/3
ley 18834 art/17
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una autoridad designar a contrata a una persona que no cumple con los requisitos académicos exigidos por la ley para el cargo?
No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la autoridad debe respetar los requisitos específicos que la ley establece para cada empleo, y que la persona seleccionada no cumplía con la preparación exigida, por lo que dejar sin efecto su selección fue ajustado a derecho.
¿Es obligatorio realizar un concurso público para una designación a contrata en un servicio público?
No. En este caso, la Contraloría señaló que para las designaciones a contrata no es obligatorio realizar un concurso público, a diferencia de lo que ocurre con los cargos titulares, por lo que la contratación del otro funcionario fue procedente.
¿Qué pasa si un oficio regional objeta designaciones a contrata en un servicio público?
En este caso, la Contraloría reconsideró el oficio regional que había objetado las actuaciones de designación, tras analizar su legalidad. Su pronunciamiento determinó que una parte de las designaciones era ajustada a derecho y que no correspondía el concurso para las contratas.
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