Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un proceso de selección para proveer un empleo a contrata de apoyo administrativo en una oficina de partes de un organismo de salud regional. La recurrente cuestionó la legalidad del certamen y, en particular, que se exigieran diplomados y conocimientos en herramientas informáticas. El organismo descartó la primera alegación, por cuanto la Ley N° 18.834 no regula expresamente el desarrollo de estos concursos y la autoridad puede fijar el sistema que estime conveniente, siempre que respete los principios comunes a todo concurso. Respecto de la segunda, concluyó que, tratándose de un empleo de libre designación cuya convocatoria la autoridad decidió realizar voluntariamente, pueden exigirse atributos adicionales que no constituyan discriminación arbitraria. En consecuencia, la formación complementaria y la experiencia en herramientas computacionales servían para definir el perfil del cargo, y su valoración se haría según los certificados aportados, por lo que no se advirtió irregularidad.