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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho de los prestadores…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho de los prestadores de servicios a honorarios de establecimientos de salud municipal a acceder al bono especial de emergencia sanitaria COVID-19, regulado en los artículos 85 y 89 de la ley N° 21.306. El dictamen concluye que estos servidores tienen derecho al beneficio si cumplieron labores efectivas de atención sanitaria durante el año 2020, en jornada completa y con una antigüedad no menor a siete meses hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se encuentren en funciones a la fecha de pago. Se aclara que la referencia a la ley N° 20.646 solo delimita el universo de beneficiarios, y que el Ministerio de Hacienda informó al Congreso el procedimiento de pago, debiendo las instituciones empleadoras dictar las resoluciones que individualicen al personal que reúna los requisitos.

Normas citadas

  • ley 21306 art/85
  • ley 21306 art/89
  • ley 20646 art/1
  • ley 19378
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tienen derecho los prestadores de servicios a honorarios de la salud municipal al bono especial de emergencia sanitaria COVID-19?

En este dictamen, la Contraloría concluye que sí, siempre que hayan cumplido labores efectivas de atención sanitaria durante 2020, en jornada completa, con una antigüedad no menor a siete meses hasta el 31 de diciembre de 2020, y que se encuentren en funciones a la fecha de pago.

¿La referencia a la ley 20.646 en el bono COVID-19 para honorarios de salud municipal restringe a quién se paga?

En este caso, la Contraloría aclara que la referencia a la ley N° 20.646 solo sirve para delimitar el universo de beneficiarios, y no altera los requisitos de labores efectivas, jornada completa y antigüedad que establece la ley N° 21.306.

¿Quién debe individualizar a los funcionarios que reciben el bono especial de emergencia sanitaria en la salud municipal?

Según este dictamen, las instituciones empleadoras deben dictar las resoluciones que individualicen al personal que reúna los requisitos, mientras que el Ministerio de Hacienda informó al Congreso el procedimiento de pago.

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