Resumen
La Contraloría General de la República desestimó las solicitudes presentadas por funcionarias de un hospital institucional que reclamaban el pago del bono especial de emergencia sanitaria COVID-19, regulado en los artículos 85 y 89 de la ley N° 21.306. El organismo concluyó que corresponde a los hospitales institucionales determinar, conforme a los criterios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, si sus funcionarios prestaron atención sanitaria durante la pandemia, incluyendo atención médica directa, diagnóstica, terapéutica o labores administrativas en servicios clínicos. En el caso concreto, el hospital definió el listado de beneficiarios mediante resolución exenta, y las recurrentes no fueron incluidas por no cumplir los requisitos. Al no aportar antecedentes que acreditaran el cumplimiento de las exigencias, la Contraloría no advirtió irregularidad en el actuar de la institución.