Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció, mediante dictamen, sobre una consulta del Prosecretario de la Cámara de Diputados relativa al bono especial de emergencia sanitaria COVID-19 previsto en la ley N° 21.306. El organismo concluyó que, para percibir el bono, no se exige haber recibido la asignación de mejoramiento al trato a los usuarios, de modo que los funcionarios que desempeñen funciones en las instituciones de los artículos 1° de las leyes N° 20.645 y 20.646, incluidas las contratas de reemplazo o suplencias, pueden acceder al beneficio si cumplen los demás requisitos legales. Respecto del personal a honorarios, precisó que debe acreditar una antigüedad no menor a siete meses hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha de publicación de la ley, conforme al artículo 89. Asimismo, resolvió que un directivo de un hospital no es beneficiario de la asignación de mejoramiento al trato de los usuarios, que solo alcanza a personal auxiliar, profesional, técnico o administrativo, por lo que su pago no procede.