El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, ordenando entregar copia de oficios del Ministerio de Obras Públicas vinculados a una iniciativa privada de concesión ferroviaria. El organismo rechazó la oposición de un tercero interesado y descartó la denegación basada en el privilegio deliberativo, por falta de fundamentación suficiente. En lo resolutivo, el Consejo ordenó cumplir las obligaciones impuestas en tiempo y forma, dispuso notificar la decisión a las partes involucradas y advirtió que en contra de lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones que la Ley de Transparencia impone a los órganos de la Administración para reclamar cuando el acceso se otorgó y la denegación se fundó en la causal de privilegio deliberativo. Asimismo, se dejó constancia de que un consejero se abstuvo de intervenir por un vínculo de parentesco con una autoridad del ministerio, abstención que fue acogida.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede denegar información pública invocando el privilegio deliberativo sin fundamentación suficiente?
En este caso, el Consejo para la Transparencia descartó la denegación basada en el privilegio deliberativo por falta de fundamentación suficiente y ordenó entregar la información solicitada.
¿Qué ocurre si un tercero interesado se opone a la entrega de información en un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó la oposición de un tercero interesado y acogió el amparo, ordenando entregar copia de los oficios solicitados.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y en qué plazo?
En este caso, el Consejo advirtió que contra lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones que la Ley de Transparencia impone a los órganos de la Administración para reclamar.
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