Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de las resoluciones de la Intendencia de la Región Metropolitana que expulsan del país a varios extranjeros, por ajustarse a derecho. Sin embargo, cursó dichos actos con un alcance, reprochando el evidente retraso en su dictación: los informes de la Policía de Investigaciones que acreditaban las infracciones a la ley de extranjería fueron remitidos entre agosto y noviembre de 2014, pero las resoluciones de expulsión recién se emitieron en enero de 2016. Esta demora vulnera el principio de celeridad y el deber de actuar oportunamente que imponen las leyes N° 18.575 y N° 19.880 a los órganos de la Administración.