La Contraloría General de la República cursó con alcance diez resoluciones de la Intend…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República cursó con alcance diez resoluciones de la Intendencia de la Región Metropolitana que expulsan del país a extranjeros por infringir el artículo 3° del decreto ley N° 1.094, de 1975, causal del artículo 69 del mismo texto. Aunque los actos se ajustan a derecho, el organismo observó un retraso injustificado: los informes policiales que acreditaban las infracciones datan de septiembre y octubre de 2014, mientras que las resoluciones se dictaron recién en diciembre de 2015. Ello vulnera el artículo 8° de la ley N° 18.575, que exige a los órganos públicos actuar con celeridad y simplificación, y el principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880. Por tanto, se tomó razón de las resoluciones con el alcance de reprochar la demora.
Normas citadas
DL 1094/75 art/3
DL 1094/75 art/69
Ley 18575 art/8
Ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede tomar razón de una resolución de expulsión de un extranjero si la Administración se demoró más de un año en dictarla?
En este caso, la Contraloría tomó razón de diez resoluciones de expulsión por considerarlas ajustadas a derecho, pero con alcance: reprochó que la Intendencia demoró injustificadamente en dictarlas, vulnerando el deber de celeridad del artículo 8° de la ley N° 18.575 y el principio del artículo 7° de la ley N° 19.880.
¿Qué efecto tiene el retraso de la Administración en la legalidad de una expulsión administrativa según el decreto ley 1.094?
Según este dictamen, la demora no invalidó las expulsiones, pues los actos se ajustaron a derecho por infringir el artículo 3° del decreto ley N° 1.094 con la causal del artículo 69. Sin embargo, la Contraloría la reprochó como incumplimiento de la celeridad administrativa.
¿Qué principios debe cumplir la Administración del Estado al tramitar resoluciones de expulsión de extranjeros en Chile?
En este caso, la Contraloría sostuvo que los órganos públicos deben actuar con celeridad y simplificación, conforme al artículo 8° de la ley N° 18.575 y al principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880. Por ello observó que la Intendencia tardó en dictar resoluciones basadas en informes policiales antiguos.
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