Resumen
La Contraloría General de la República cursó con alcance las resoluciones de la Intendencia de la Región Metropolitana que ordenan la expulsión del territorio nacional de extranjeros por infringir el artículo 3° del decreto ley N° 1.094, de 1975, configurando la causal del artículo 69 del mismo cuerpo legal. El órgano contralor dio curso a los actos por ajustarse a derecho, pero advirtió un evidente retraso en su emisión, ya que los informes de la Policía de Investigaciones de Chile que acreditaban las infracciones fueron remitidos en febrero y marzo de 2015, mientras que las resoluciones se dictaron en marzo de 2016. Dicha demora vulnera el artículo 8° de la ley N° 18.575, sobre el deber de actuar por propia iniciativa, y el artículo 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad. En consecuencia, se tomó razón de los actos administrativos con ese alcance.