Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa a la resolución exenta N° 1.858, de 2012, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que establecía un procedimiento para proteger a denunciantes, incluyendo la no terminación de sus contratas. El dictamen concluyó que dicha resolución no puede limitar las atribuciones legales de la directora del Instituto Nacional de Geriatría, quien, como jefa del establecimiento de autogestión en red, tiene la potestad de prorrogar o poner término anticipadamente a las contratas del personal, conforme al artículo 10 de la ley N° 18.834 y los artículos 35 y 36 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud. La Contraloría aclaró que un acto administrativo no puede alterar facultades establecidas por ley, por lo que la resolución exenta no obliga a la autoridad a prolongar designaciones ni le impide terminar contratas anticipadamente cuando estas incluyan la cláusula 'mientras sean necesarios sus servicios'.