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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la apli…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la aplicación de la pena accesoria de suspensión de cargo público impuesta a un funcionario del Ejército. El dictamen establece que los órganos de la Administración del Estado deben aplicar dichas penas accesorias tan pronto tomen conocimiento de ellas, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal competente. En el caso concreto, no se advirtió irregularidad en que el Ejército hubiera aplicado la suspensión al funcionario inmediatamente después de conocer la condena. Asimismo, se recordó que el plazo de dos años para invalidar un acto administrativo contrario a derecho es de caducidad, por lo que no se interrumpe ni suspende. En consecuencia, se rechazó el reclamo del interesado.

Normas citadas

  • CPE art/22
  • CPE art/40 inc/3
  • Ley 19880 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe la Administración del Estado aplicar de inmediato la pena accesoria de suspensión de cargo público a un funcionario condenado?

Según este dictamen de la Contraloría, los órganos de la Administración del Estado deben aplicar las penas accesorias de suspensión tan pronto tomen conocimiento de ellas, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal competente. En el caso del Ejército, no se advirtió irregularidad en que la suspensión se aplicara inmediatamente después de conocer la condena.

¿El plazo de dos años para invalidar un acto administrativo contrario a derecho se interrumpe o suspende?

No. La Contraloría recordó en este caso que el plazo de dos años para invalidar un acto administrativo es de caducidad, por lo que no se interrumpe ni se suspende.

¿Cómo resolvió la Contraloría el reclamo de un funcionario del Ejército contra la suspensión de su cargo tras una condena?

En este dictamen, la Contraloría General de la República rechazó el reclamo del interesado, al no advertir irregularidad en que el Ejército aplicara la suspensión de cargo inmediatamente después de conocer la condena.

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