El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Secretaría Regio…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, ordenando la entrega del catastro de bienes inmuebles públicos con el detalle solicitado. Se consideró que la información es pública según la Constitución y la Ley de Transparencia, desestimando la alegación de inexistencia y la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de dicha ley. Se tuvo en cuenta que la formación y actualización del catastro es una función del organismo reclamado. Si parte de la información no está en su poder, deberá comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo. La resolución advierte sobre sanciones por incumplimiento y establece plazos y formas de notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 3.274
Decreto Ley N° 3.274
Decreto Supremo N° 386
Resolución Exenta N° 491
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar un catastro de bienes inmuebles fiscales alegando que la información es reservada?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y rechazó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por considerar que la información es pública. Ordenó entregar el catastro con el detalle solicitado.
¿Qué pasa si el organismo dice que no tiene en su poder parte de la información pedida en una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo desestimó la alegación de inexistencia, pero dispuso que, si parte de la información no está en poder del organismo, este debe comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo. La resolución también advierte sobre sanciones en caso de incumplimiento.
¿Puede una Secretaría Regional Ministerial negarse a entregar el catastro de bienes públicos de su región?
En este caso, el Consejo sostuvo que la formación y actualización del catastro es una función del organismo reclamado, lo que fundó la orden de entrega. La resolución declaró que la información es pública según la Constitución y la Ley de Transparencia.
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