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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo contra la SEREMI de Bienes Nacionale…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo contra la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, por la negativa a entregar la carpeta administrativa con los antecedentes que dieron origen a una resolución de 1992. El órgano requerido sostuvo que no mantenía en su poder información adicional a la ya entregada. El Consejo consideró que la reclamada expuso los motivos específicos por los que la información no obra en su poder, argumentos plausibles y acreditados atendida la antigüedad de los documentos, de más de 28 años. Al no existir antecedentes que condujeran a una conclusión contraria, se rechazó el amparo por inexistencia de la información reclamada. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Resolución N° 90
  • Ley N° 18.575
  • D.L. N° 2695
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un órgano de la administración del Estado dice que no tiene la información que se le pidió por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que el órgano expuso motivos específicos y plausibles por los que la información no obraba en su poder, dada la antigüedad de los documentos. Al no haber antecedentes en contrario, rechazó el amparo por inexistencia de la información.

¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

¿Puede exigirse la entrega de antecedentes de una resolución administrativa antigua si ya no están en poder del órgano?

En este caso, el Consejo sostuvo que no puede exigirse la entrega de información que el órgano demuestra no tener, especialmente tratándose de una carpeta de más de 28 años de antigüedad. Por eso se rechazó el amparo referido a la carpeta administrativa de una resolución de 1992.

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