El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado por un solicitante contr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado por un solicitante contra la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, por la negativa a entregar registros de regularizaciones de inmuebles en áreas silvestres protegidas. El Consejo rechazó el amparo, acogiendo la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, según los fundamentos expuestos en la decisión. Además, recomendó al secretario regional ministerial adoptar medidas para ajustar sus sistemas informáticos y así facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo respuestas oportunas y expeditas a las solicitudes. Se ordenó notificar la decisión a las partes y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negar la entrega de información invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y acogió la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, según los fundamentos expuestos en la decisión.
¿Qué puede hacer el Consejo para la Transparencia cuando un órgano público no responde de forma oportuna las solicitudes de acceso a la información?
En este caso, el Consejo recomendó al secretario regional ministerial adoptar medidas para ajustar sus sistemas informáticos y así facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo respuestas oportunas y expeditas.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos de la Administración del Estado.
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