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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria que impugnó la designación de un cargo en un concurso público, alegando que debió nombrarse a quien obtuvo el mayor puntaje. El dictamen concluye que la autoridad no está obligada a designar al candidato con mejor puntaje dentro de la terna, pues la nómina constituye solo una proposición y la superioridad puede escoger a cualquiera de los incluidos. Respecto del alegado trato discriminatorio por comparación con otros concursos de la misma entidad, sostiene que cada certamen es independiente y se rige por sus propias bases, por lo que no hubo vulneración del principio de no discriminación. Sobre la falta de motivación explícita de la elección, indica que el fundamento estaba en el proceso tramitado conforme a sus pautas, pero ordena a la autoridad adoptar medidas para que futuras convocatorias exijan motivar el acto que resuelve el procedimiento. En definitiva, se desestima la pretensión de la reclamante.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Está obligada la autoridad a nombrar en un cargo público al candidato con mayor puntaje del concurso?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la nómina es solo una proposición y que la autoridad puede escoger a cualquiera de los candidatos incluidos en la terna, aunque no sea quien tiene el mejor puntaje.

¿Un concurso público puede considerarse discriminatorio por tratar distinto a los postulantes en comparación con otros concursos de la misma entidad?

No necesariamente. En este caso, el organismo estimó que cada concurso es independiente y se rige por sus propias bases, por lo que no hubo vulneración del principio de no discriminación.

¿Debe la autoridad motivar explícitamente la elección de un candidato en un concurso público?

En este caso, la Contraloría consideró que el fundamento estaba en el proceso tramitado conforme a sus pautas, pero ordenó a la autoridad adoptar medidas para que futuras convocatorias exijan motivar el acto que resuelve el procedimiento.

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