Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre los efectos de un certamen ya perfeccionado y sobre la potestad invalidatoria de la Administración. Sostuvo que, una vez perfeccionado un concurso, la autoridad queda obligada a proveer las vacantes con los seleccionados, pero ello no impide que, si detecta un vicio de legalidad, invalide los actos contrarios al ordenamiento jurídico conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880. Esa norma permite invalidar de oficio o a petición de parte, previa audiencia del interesado, dentro de los dos años desde la notificación o publicación, y el acto invalidatorio es impugnable ante los tribunales en procedimiento breve y sumario. El organismo constató que mediante una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior se dio curso al proceso invalidatorio de varios concursos públicos, entre ellos el que motivó las consultas, por un vicio de legalidad en las bases que implicó discriminación arbitraria entre postulantes, vulnerando garantías constitucionales. Por ello, los recurrentes podrán formular sus alegaciones ante esa superioridad conforme al citado artículo 53, y, tratándose de la invalidación de un concurso, debe realizarse una nueva convocatoria ateniéndose estrictamente a la normativa vigente.