Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del artículo 52 del decreto ley N° 3.063, de 1979, que establece un recargo a contribuyentes que no presentan sus declaraciones en plazo, en particular quienes no entregan la declaración exigida por el artículo 25 de ese cuerpo legal. El organismo concluyó que el recargo de un cincuenta por ciento sobre el valor de la patente municipal procede respecto de los contribuyentes obligados a pagar patente que no efectúan sus declaraciones dentro de los plazos legales, incluida la declaración de mayo del artículo 25, por aplicación de una interpretación estricta de la norma y sin recurrir a la analogía. En consecuencia, desestimó la solicitud planteada y ratificó los dictámenes N°s 4.729, de 2011, y 37.245, de 2012.