Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una controversia relativa a la terminación anticipada de un contrato de servicios municipales, fundada en que la empresa contratista habría cedido a un tercero el cobro de una factura sin autorización previa del municipio, infringiendo las bases de la licitación. El organismo concluyó que la irregularidad se originó en un error de aplicación normativa de la municipalidad, que no puede perjudicar los derechos de la empresa adjudicataria, la que se encontraba prestando los servicios contratados. Estimó además que el vicio no justifica invalidar el proceso licitatorio, pues no se vulneraron los principios de conocimiento de las bases, sujeción a ellas e igualdad de oferentes. En consecuencia, ordenó tener por no escrita la prohibición y regularizar la situación, y advirtió que, si los trabajos fueron efectivamente realizados, debe darse curso al pago para evitar un enriquecimiento sin causa.