Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando inaplicable el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por resultar desproporcionado e inequitativo al restringir la aplicación de penas sustitutivas, incluso en delitos de mayor gravedad, vulnerando el principio de proporcionalidad, la reinserción social del condenado y el estándar de racionalidad y justicia de los artículos 19, numerales 2 y 3, inciso sexto, de la Constitución. El tribunal estimó que el quantum de la pena es el criterio más objetivo para medir la gravedad del ilícito y que, al comparar el delito atribuido al requirente con otros excluidos del beneficio, se configura una sustancial desproporción. No obstante, en la parte resolutiva, el tribunal concluyó que la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 en la gestión pendiente no resulta contraria a la Carta Fundamental, desestimando la impugnación en ese aspecto.