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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la SEREMI de Bienes…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, ordenando la entrega de una copia del expediente de regularización N°74112. Se consideró que la información solicitada es pública, según el artículo 8° de la Constitución y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, y que no se configuró la causal de reserva por afectación de derechos de terceros. Se aplicó el principio de divisibilidad, ordenando tarjar los datos personales sensibles de acuerdo con la Ley N°19.628. Además, se apercibió al órgano requerido con posibles sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 2.695
  • Decreto ley N° 2.695
  • Resolución Exenta N° 181
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar copia de un expediente administrativo de regularización de un inmueble fiscal si se solicita vía Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega de una copia del expediente, por considerar que la información es pública según el artículo 8° de la Constitución y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. No se configuró la causal de reserva por afectación de derechos de terceros.

¿Se pueden entregar los datos personales contenidos en un expediente público si se solicitan por transparencia?

En este caso, el Consejo aplicó el principio de divisibilidad y ordenó tarjar los datos personales sensibles de acuerdo con la Ley N°19.628, entregando el resto de la información. Así, se concilia el acceso a la información pública con la protección de datos personales.

¿Qué sanciones enfrenta un órgano público que no cumple una resolución de amparo del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo apercibió al órgano requerido con posibles sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo. Con ello, advirtió que el incumplimiento de la orden de entrega puede acarrear responsabilidad administrativa.

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