El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. El requirente sostenía que dicha norma vulneraba los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas, al restringir desproporcionadamente el acceso a penas sustitutivas para ciertos delitos. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no se acreditaron las infracciones constitucionales alegadas, señalando que las penas sustitutivas no constituyen beneficios para el condenado, sino sanciones orientadas a la reinserción social. Asimismo, destacó que la exclusión de ciertos delitos del acceso a estas penas no vulnera el estándar de racionalidad y justicia, y que la proporcionalidad debe basarse en un análisis individualizado. Por lo tanto, se desestimó el requerimiento.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAdministracion PublicaAutoresCompetencia Y Jurisdiccion PenalConstitucionalidad De Auto AcordadosConstitucionalidad De Proyecto De Ley
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir ciertos delitos del acceso a las penas sustitutivas de la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la exclusión de ciertos delitos no vulnera el estándar de racionalidad y justicia. Señaló que no se acreditaron las infracciones alegadas a igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad.
¿Las penas sustitutivas son un beneficio que el condenado tiene derecho a exigir?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no constituyen beneficios para el condenado, sino sanciones orientadas a la reinserción social. Esta distinción fue el fundamento para desestimar los argumentos del requirente.
¿Cómo debe evaluarse la proporcionalidad de una pena sustitutiva en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal indicó que la proporcionalidad debe basarse en un análisis individualizado. Aplicando ese criterio, consideró que la norma impugnada no resultaba desproporcionada y desestimó el requerimiento.
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