Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una dirigente gremial municipal que fue destinada a otra unidad dentro de la misma comuna, sin su consentimiento. El organismo concluyó que el traslado se ajustó a derecho, ya que la autoridad edilicia tiene la potestad de reestructurar su personal para el buen funcionamiento del servicio, sin que dicha facultad se vea limitada por la calidad de dirigente gremial. En el caso concreto, la trabajadora fue destinada a desempeñar las mismas labores que realizaba anteriormente y dentro de la misma localidad, por lo que no se requería su autorización. Asimismo, se desestimó la existencia de acoso laboral, pues el traslado fue legal. No obstante, se advirtió al municipio que la destinación debió materializarse mediante un decreto alcaldicio, lo que no ocurrió.