La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del Segundo Juzgado de Policía…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Pudahuel y rechazó la demanda de una consumidora contra una agencia de viajes por la no realización de una gira de estudios contratada para su hija, programada para enero de 2021 y cancelada por la pandemia de Covid-19. El tribunal absolvió a la agencia de la querella infraccional y desestimó la indemnización de perjuicios, considerando que la pandemia constituyó caso fortuito o fuerza mayor que exime de responsabilidad, conforme al artículo 45 del Código Civil. Además, la cláusula contractual permitía una retención del 20% en caso de anulación, y la decisión de cancelar el viaje fue adoptada colectivamente por los consumidores, por lo que no hubo infracción a la Ley de Protección al Consumidor ni responsabilidad civil. Se eximió a la demandante del pago de costas.
Normas citadas
Ley N° 19.496
Código de Procedimiento Civil
Ley N° 18.287
Código Civil
Artículo 24 de la Ley N° 19.496
Artículo 12 de la Ley N° 19.496
Artículo 144 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 23 de la Ley N° 19.496
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Preguntas frecuentes
¿La pandemia de Covid-19 exime de responsabilidad a una agencia de viajes que canceló una gira de estudios contratada?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la pandemia constituyó caso fortuito o fuerza mayor, lo que exime de responsabilidad a la agencia. Por ello, rechazó la demanda y absolvió a la agencia de la querella infraccional.
¿Procede la indemnización de perjuicios si el viaje contratado se cancela por una causa de fuerza mayor?
En este caso, el tribunal desestimó la indemnización de perjuicios, al estimar que la cancelación por la pandemia fue una causa de fuerza mayor que eximía de responsabilidad civil a la agencia.
¿Es válida una cláusula de retención del 20% en caso de anulación de un viaje de estudios?
En este caso, la Corte de Apelaciones señaló que la cláusula contractual permitía una retención del 20% en caso de anulación. Además, la decisión de cancelar fue adoptada colectivamente por los consumidores, por lo que no hubo infracción a la Ley de Protección al Consumidor.
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