El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a información pública pr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2011
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a información pública presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a datos del Registro Nacional de Vehículos Motorizados solicitados en formato digital. El Consejo acogió el amparo y ordenó al servicio entregar al reclamante, en el formato digital requerido, datos de patente, tipo de vehículo, año, marca, modelo y color de los vehículos inscritos al 31 de diciembre de 2010, sin incluir información relativa a los propietarios. Asimismo, dispuso que el cobro por la entrega se ajuste a los valores fijados en una resolución que el propio servicio dicte conforme a la Ley de Transparencia y a su ley orgánica, debiendo informar los montos cobrados. El cumplimiento debe efectuarse dentro de quince días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento legal correspondiente. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Se puede exigir que la información pública se entregue en formato digital cuando se solicita así?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó al servicio entregar los datos solicitados en el formato digital requerido, sin incluir información sobre los propietarios de los vehículos.
¿Cómo se determina el cobro por la entrega de información pública?
En este caso, el Consejo dispuso que el cobro por la entrega se ajuste a los valores fijados en una resolución que el propio servicio dicte conforme a la Ley de Transparencia y a su ley orgánica, debiendo informar los montos cobrados.
¿Qué plazo tiene el organismo para cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó que el cumplimiento se efectúe dentro de quince días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento legal correspondiente.
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