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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Se discutió la constitucionalidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad. El Tribunal declaró que dicha disposición es inconstitucional por vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso (artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución). Argumentó que el ius puniendi del Estado no es absoluto y debe respetar la dignidad humana, siendo la privación de libertad una medida excepcional. Las penas sustitutivas no implican impunidad, sino que buscan la reinserción social y la no reincidencia. Excluir ciertos delitos de estos beneficios sin considerar la gravedad o el quantum de la pena es desproporcionado e irracional. Sin embargo, en la parte resolutiva, el Tribunal rechazó la impugnación contra el artículo 17 B de la Ley N° 17.798, concluyendo que su aplicación en la gestión pendiente no es contraria a la Constitución, pues el legislador puede establecer penas severas para ciertos delitos sin afectar garantías fundamentales.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a los condenados a penas privativas de libertad, sin considerar la gravedad del delito?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la restricción del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Señaló que excluir ciertos delitos sin considerar su gravedad o el quantum de la pena es desproporcionado e irracional.

¿El Estado puede imponer penas privativas de libertad como regla general frente a cualquier delito?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el ius puniendi del Estado no es absoluto, debe respetar la dignidad humana y que la privación de libertad es una medida excepcional. Las penas sustitutivas no implican impunidad, sino que buscan la reinserción social y evitar la reincidencia.

¿Puede el legislador establecer penas severas para ciertos delitos sin vulnerar garantías constitucionales?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación contra el artículo 17 B de la Ley N° 17.798 y concluyó que su aplicación en la gestión pendiente no es contraria a la Constitución. Estimó que el legislador puede fijar penas severas para determinados delitos sin afectar garantías fundamentales.

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