Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de una exfuncionaria de la Municipalidad de Recoleta, que denunció haber sido víctima de acoso laboral por parte del director de obras de esa entidad. El municipio no respondió dentro del plazo a los oficios de requerimiento de informe, por lo que el organismo le recordó la obligación de contestar en forma completa y documentada, conforme a la ley N° 10.336 y al oficio Circular N° 24.400, de 1999. En cuanto al fondo, la Contraloría reiteró su jurisprudencia de que el alcalde es quien debe verificar la eventual existencia de acoso laboral y ordenar, si corresponde, un proceso disciplinario. En consecuencia, dispuso que la autoridad edilicia adopte las medidas para indagar posibles infracciones al artículo 82, letra m), de la ley N° 18.883, y que informe a ese organismo dentro de 15 días hábiles desde la recepción del oficio.