Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de dos exfuncionarios municipales que pretendían acogerse a los beneficios de la ley N° 20.649, que otorga una bonificación por retiro voluntario a funcionarios municipales. Los recurrentes argumentaron que no pudieron postular oportunamente porque sus contratas fueron terminadas por un acto de autoridad que, según una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, no se ajustó a derecho. El órgano contralor señaló que, conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, le está prohibido intervenir en asuntos de carácter litigioso o radicados en tribunales, por lo que el alcance o cumplimiento de la sentencia judicial debe ser determinado por los propios órganos jurisdiccionales. Sin perjuicio de ello, remitió copia del informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.