Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante contra la sentencia que confirmó el rechazo de su solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. La recurrente pretendía regularizar derechos sobre aguas en un predio, basándose en un certificado de una asociación indígena de regantes y un informe técnico de la Dirección General de Aguas. Los tribunales de fondo estimaron que no se acreditó el uso ininterrumpido, pacífico y no clandestino de las aguas por más de cinco años antes de la entrada en vigencia del Código de Aguas en 1981. La recurrente denunció infracción a las leyes reguladoras de la prueba, pero la Corte Suprema consideró que los jueces de fondo valoraron correctamente los antecedentes, especialmente el informe técnico, que no era concluyente, y las declaraciones juradas, que no cumplían el plazo legal. Al no demostrarse una efectiva infracción legal en la valoración probatoria, los hechos establecidos quedaron firmes e inamovibles, por lo que se rechazó el recurso.