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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que el Mini…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que el Ministerio de Salud fije un nuevo plazo para la presentación de estudios de equivalencia terapéutica, con el fin de evitar un eventual desabastecimiento de medicamentos que ponga en riesgo la salud de la población. El dictamen concluye que, en la medida que efectivamente exista peligro de desabastecimiento en la red asistencial y riesgo para la salud debido a la falta de presentación de dichos estudios, no habría inconveniente en que el Ministerio de Salud, mediante un acto administrativo fundado, fije un nuevo plazo para presentar los análisis, con el propósito de precaver dicho peligro y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud. Se aclara que no corresponde recurrir a la ampliación de plazos cuando se trata de términos ya vencidos, según lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 19.880.

Normas citadas

  • pol art/19 num/9
  • dfl 1/2005 salud art/131
  • dfl 1/2005 salud art/1
  • csa art/94
  • dfl 1/2005 salud art/4 num/10
  • ley 19880 art/26
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la autoridad sanitaria fijar un nuevo plazo para presentar estudios de equivalencia terapéutica de medicamentos?

Según este dictamen de la Contraloría, sí, siempre que exista peligro real de desabastecimiento en la red asistencial y riesgo para la salud por la falta de esos estudios. El Ministerio de Salud debe hacerlo mediante un acto administrativo fundado.

¿Se puede ampliar un plazo administrativo que ya venció para presentar antecedentes ante el Ministerio de Salud?

No. La Contraloría aclara que no corresponde recurrir a la ampliación de plazos cuando se trata de términos ya vencidos, según el artículo 26 de la ley N° 19.880.

¿Qué derecho constitucional justifica fijar un nuevo plazo para estudios de equivalencia terapéutica?

El dictamen sostiene que la medida busca precaver el peligro de desabastecimiento y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, reconocido en el artículo 19 N° 9 de la Constitución.

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