El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en su redacción anterior a la Ley N° 21.412. El requirente sostenía que la norma vulneraba el principio de legalidad penal y el debido proceso al impedir la aplicación retroactiva de una ley penal más favorable. El Tribunal estableció que la determinación de la ley aplicable y su favorabilidad corresponde al juez penal de fondo, quien debe analizar si la normativa vigente al momento de los hechos o la ley posterior resulta más favorable al imputado, conforme al principio de lex mitior consagrado en la Constitución y el Código Penal. Asimismo, señaló que las penas sustitutivas no son beneficios sino penas propiamente tales, y que el control de constitucionalidad es concreto, no abstracto, por lo que no corresponde al Tribunal evaluar la favorabilidad de la norma en abstracto. En consecuencia, desestimó el requerimiento.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional decidir si una ley penal posterior es más favorable al imputado que la anterior?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la determinación de la ley aplicable y de su favorabilidad corresponde al juez penal de fondo, no al Tribunal, porque el control de constitucionalidad es concreto y no abstracto. Por ello desestimó el requerimiento.
¿Son las penas sustitutivas de la Ley 18.216 un beneficio o una pena propiamente tal?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que las penas sustitutivas no son beneficios sino penas propiamente tales. Esta calificación fue relevante para analizar el principio de legalidad penal invocado por el requirente.
¿Se puede impugnar por inaplicabilidad un artículo de la Ley 18.216 que impide aplicar retroactivamente una ley penal más favorable?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 en su redacción anterior a la Ley 21.412. Sostuvo que la favorabilidad debe analizarse por el juez penal de fondo conforme al principio de lex mitior.
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