El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye penas sustitutivas para ciertos delitos. La mayoría consideró que la disposición vulnera los artículos 1° y 19, numerales 2° y 3° de la Constitución, al ser desproporcionada e irracional, pues el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana, la proporcionalidad y la reinserción social. Se argumentó que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones restrictivas de derechos con fines de rehabilitación, y que la exclusión total de beneficios para delitos específicos resulta incompatible con la Carta Fundamental. El fallo destacó que el legislador debe actuar con racionalidad y justicia al configurar el sistema punitivo.
Normas citadas
artículo 35, de DL 824 - APRUEBA TEXTO QUE INDICA DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAprehensión De Fiscales JudicialesAutoresControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos Personales
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de forma absoluta las penas sustitutivas para ciertos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que la exclusión total de penas sustitutivas para delitos específicos es desproporcionada e irracional, por lo que resulta incompatible con la Constitución.
¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad para el condenado?
No, según este fallo. El Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas son sanciones restrictivas de derechos con fines de rehabilitación y reinserción social, por lo que no implican impunidad.
¿Qué límites impone la Constitución al legislador al definir el sistema penal?
En este caso, el Tribunal afirmó que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana, la proporcionalidad y la reinserción social, y que el legislador debe actuar con racionalidad y justicia.
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