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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 48 del Decreto Ley sobre Rentas Municipales, que obliga al contribuyente moroso a pagar reajustes e intereses del Código Tributario, en particular un interés penal mensual del 1,5% por mes o fracción de mes. El tribunal acogió el requerimiento y declaró que la aplicación de esa norma en el caso concreto vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, sobre un procedimiento racional y justo, y el artículo 19 N°20, sobre igualdad ante las cargas públicas, porque permite imponer una sanción de plano, desproporcionada, injusta y abusiva, con independencia de si el retardo en el cobro de la deuda es imputable o no al contribuyente. La protección de la recaudación fiscal o municipal no habilita la vulneración de derechos fundamentales.

Normas citadas

  • artículo 48, de DL 3063 - RENTAS MUNICIPALES
Tribunal ConstitucionalINAInterés penal moratorioTributosIgualdad ante la LeyIgual Reparticion De Las Cargas PublicasDebido Procesoenriquecimiento injusto

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional el interés penal del 1,5% mensual por mora en rentas municipales?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró que aplicar ese interés del artículo 48 del DL de Rentas Municipales vulnera la Constitución, por ser una sanción desproporcionada e injusta.

¿Puede el municipio cobrar intereses por mora aunque el retardo no sea imputable al contribuyente?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma permite imponer una sanción con independencia de si el retardo en el cobro es imputable o no al contribuyente, lo que vulnera un procedimiento racional y justo.

¿La protección de la recaudación municipal justifica afectar derechos fundamentales del contribuyente?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la protección de la recaudación fiscal o municipal no habilita la vulneración de derechos fundamentales, como la igualdad ante las cargas públicas.

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