El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el marco de una causa penal, respecto del inciso segundo del artículo 1 de la Ley N° 18.216, que limitaba la facultad del juez para conceder penas sustitutivas en casos concretos. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar principios como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social, y que excluir del beneficio un delito de menor gravedad, como el porte ilegal de cartuchos, resultaba desproporcionado e inequitativo frente a delitos de mayor pena. Según el fallo, las penas sustitutivas no implican impunidad y son idóneas para los fines de la pena en casos de menor entidad. En consecuencia, declaró inaplicable en la causa concreta la norma impugnada por contravenir los principios de proporcionalidad, igualdad y racionalidad.
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Preguntas frecuentes
¿Puede un juez conceder penas sustitutivas a una persona condenada por un delito de menor gravedad si la ley lo excluye expresamente?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable en la causa concreta la norma que excluía el beneficio, porque la consideró desproporcionada e inequitativa frente a delitos de mayor pena. Sostuvo que las penas sustitutivas no implican impunidad y son idóneas para casos de menor entidad.
¿Qué principios constitucionales pueden invocarse para cuestionar una exclusión legal de penas sustitutivas?
El Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social. En este caso, fundó la inaplicabilidad en los principios de proporcionalidad, igualdad y racionalidad.
¿Es constitucional que la ley excluya de penas sustitutivas el porte ilegal de cartuchos?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que excluir de este beneficio el porte ilegal de cartuchos resultaba desproporcionado e inequitativo frente a delitos de mayor pena. Por ello acogió el requerimiento y declaró inaplicable la norma en la causa concreta.
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