La Contraloría General de la República se pronunció sobre el fuero maternal de una doce…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el fuero maternal de una docente, estableciendo que dicha protección solo ampara el cese de funciones y la conservación de la jornada laboral al inicio del período de inamovilidad, pero no otorga inviolabilidad en el régimen remuneratorio. En el caso de un contrato de reemplazo, el fuero resulta improcedente, pues la contratación finaliza por el solo ministerio de la ley al reasumir el profesional reemplazado. Respecto al cambio de lugar de desempeño, se indicó que el fuero no impide destinaciones, siempre que se ajusten a la ley y no impliquen menoscabo laboral. Sin embargo, al no existir antecedentes que acrediten que la medida aplicada a la recurrente corresponda a una destinación legal, se ordenó a la entidad edilicia regularizar su situación e informar en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
ctr art/201 inc/1
ctr art/194
ctr art/197 bis ley 19070 art/25
dto 453/91 educa art/70
ley 19070 art/42
ley 19070 art/22
ctr art/174
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿El fuero maternal de una docente protege su remuneración y su jornada laboral?
En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el fuero maternal solo ampara el cese de funciones y la conservación de la jornada laboral al inicio del período de inamovilidad, pero no otorga inviolabilidad en el régimen remuneratorio.
¿Procede el fuero maternal si la docente fue contratada como reemplazo de otro profesional?
En este caso, la Contraloría concluyó que el fuero resulta improcedente en un contrato de reemplazo, porque la contratación termina por el solo ministerio de la ley cuando reasume el profesional reemplazado.
¿Puede una municipalidad cambiar de establecimiento a una docente embarazada o con fuero maternal?
La Contraloría indicó que el fuero no impide las destinaciones, siempre que se ajusten a la ley y no impliquen menoscabo laboral. Como no se acreditó que la medida aplicada correspondiera a una destinación legal, ordenó a la municipalidad regularizar la situación e informar en 15 días hábiles.
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